La actual ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, llegará pronto a su fin.

Así es, el pasado día 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («LPAC»), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP»).

Con la aprobación de la LPAC y la LRJSP se pretende corregir las duplicidades e ineficiencias atribuidas a la actual normativa que rige la actividad administrativa española. Tanto la LPAC como la LRJSP entrarán en vigor, con carácter general, al año de su publicación en el BOE, es decir el 2 de octubre de 2016.

Principales Novedades de la LPAC:

 

1.    REGULACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y/O TECNOLÓGICOS.

La LPAC quiere evitar el engorro que supone notificar a los interesados por los medios existentes (notificación ordinaria por correo, edicto, …) así como su contestación ordinaria (papel), para cualquier trámite relacionado con el procedimiento administrativo (ya sea sancionador, o no). Hasta ahora, la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ha sido la referencia fundamental pues en ella se establecía el derecho de los ciudadanos de poder relacionarse electrónicamente con las administraciones, pero quizás como una forma especial de gestión.

En este sentido, la Ley 39/2015 introduce el empleo de medios electrónicos en las relaciones entre las Administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Se pretende agilizar y, en cierta medida, fomentar el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento administrativo, desde la identificación y representación de los interesados hasta la preferencia por la notificación electrónica.

Se establece la obligación de todas las Administraciones Públicas de disponer de un registro electrónico general de apoderamientos o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. 

En materia de archivos, se incorpora la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Los expedientes deberán ser conservados en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación del documento.

Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. De forma adicional, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados introduciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones.

2.    ESPECIALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El artículo 62 regula el inicio del procedimiento por denuncia, e incorpora en su apartado 4 el denominado procedimiento de clemencia al disponer que cuando el denunciante haya participado en la comisión de la infracción y existan otros infractores, se eximirá́ al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción pecuniaria (i) cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, (ii) siempre y cuando en el momento de aportarse dichos medios probatorios no se disponga de elementos suficientes para «ordenar» el procedimiento, y (iii) se repare el perjuicio causado. Por tanto, cabe entender que los elementos de prueba pueden aportarse para fundar el inicio de un procedimiento sancionador y, también, en el marco de un procedimiento ya iniciado, al objeto de constituir la base probatoria que acredite la comisión del tipo infractor.

3.    EN CUANTO A LOS PLAZOS.

Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

4.    PLURALIDAD DE RECURSOS.

Cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.




Publicado: 22 de Abril de 2016