Despacho de abogados en Palma de Mallorca

Somos un despacho de abogados con sede en Palma de Mallorca, con actuación en todo el territorio nacional.

Con nuestra amplia experiencia le ofrecemos asesoramiento jurídico de calidad. Además de la prevención de futuros conflictos jurídicos, ofrecemos el servicio de la negociación, el acuerdo y la defensa ante los Tribunales.

Disponemos de los medios tecnológicos indispensables para el seguimiento de la información legislativa y jurisprudencial y, así, garantizar a nuestros clientes una oferta de calidad.

La confianza de nuestros clientes a lo largo del tiempo nos impulsa a seguir en la misma idea de trabajo: especialización y dedicación plenas.

TIPOS DE INCAPACIDAD
TIPOS DE INCAPACIDAD

Existen varios tipos de incapacidad laboral dependiendo de las circunstancias del trabajador. Los requisitos esenciales de la incapacidad laboral son:

a)     Estar impedido para el trabajo plenamente por razones médicas y recibiendo asistencia facultativa a cargo de la Seguridad Social.

b)      La afección médica se ha de referir únicamente al trabajador por cuenta ajena, no a su familia. Se protegen como situaciones de necesidad la enfermedad común o profesional o el accidente común o de trabajo.

c)      c) No ha de tener su causa en la voluntad del interesado.

Respecto a las clases de incapacidad laboral, podemos encontrar los siguientes tipos:

A.      Incapacidad Laboral Transitoria (ILT): es aquella situación en que se encuentra el trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, está imposibilitado con carácter temporal para el trabajo y precisa asistencia sanitaria. La duración máxima es de 12 meses prorrogables por otros 6. La prestación alcanza a un 60% ó 75% de la base reguladora y es Incompatible con cualquier trabajo.

B.      Invalidez Provisional: se da al terminar el periodo de Incapacidad Laboral Transitoria y el trabajador sigue imposibilitado para el trabajo, sin embargo, se prevé que la invalidez no va a tener carácter definitivo. Su duración máxima es de 6 años desde el inicio de la Incapacidad Laboral Transitoria. La prestaciones del 75% de la base reguladora y es Incompatible con cualquier trabajo.

C.      Invalidez Permanente (IP): es la situación del trabajador que después de haber estado sometido a tratamiento médico, ha sido dado de alta pero presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Conforme al ultimo supuesto (IP) podemos distinguir cuatro supuestos:

         Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual (IPP):

Es la situación del trabajador que le ocasiona una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión que ejerce, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de dicha profesión. Respecto a la prestación, será la cantidad equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora y se cobra en una única vez. Es compatible con un trabajo de distinta profesión o la misma con disminución no inferior al 33% del rendimiento.

·         Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual (IPT): Se da cuando Inhabilita al trabajador para la realización de su profesión habitual, pero le permite dedicarse a otra distinta. La prestación consiste en una pensión vitalicia de 55% de la base reguladora. Es Compatible con un trabajo distinto de su profesión, no pierde la pensión y puede cobrar desempleo.

·         Incapacidad Permanente Absoluta (IPA): Es la situación que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. La prestación será una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. No impide el desempeño de las actividades, lucrativas o no, compatibles con el estado del inválido y que no representen cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Es incompatible con el subsidio de desempleo.

         Gran Invalidez (GI):

Es la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente (IP),  que necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida. La prestación que recibirá es una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. Se incrementa en un 50% destinado a remunerar a la persona que atiende al inválido. Es incompatible con el subsidio de desempleo. Permite el desempeño de las actividades compatibles con su estado.

 





NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

La actual ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, llegará pronto a su fin.

Así es, el pasado día 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («LPAC»), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP»).

Con la aprobación de la LPAC y la LRJSP se pretende corregir las duplicidades e ineficiencias atribuidas a la actual normativa que rige la actividad administrativa española. Tanto la LPAC como la LRJSP entrarán en vigor, con carácter general, al año de su publicación en el BOE, es decir el 2 de octubre de 2016.

Principales Novedades de la LPAC:

 

1.    REGULACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y/O TECNOLÓGICOS.

La LPAC quiere evitar el engorro que supone notificar a los interesados por los medios existentes (notificación ordinaria por correo, edicto, …) así como su contestación ordinaria (papel), para cualquier trámite relacionado con el procedimiento administrativo (ya sea sancionador, o no). Hasta ahora, la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ha sido la referencia fundamental pues en ella se establecía el derecho de los ciudadanos de poder relacionarse electrónicamente con las administraciones, pero quizás como una forma especial de gestión.

En este sentido, la Ley 39/2015 introduce el empleo de medios electrónicos en las relaciones entre las Administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Se pretende agilizar y, en cierta medida, fomentar el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento administrativo, desde la identificación y representación de los interesados hasta la preferencia por la notificación electrónica.

Se establece la obligación de todas las Administraciones Públicas de disponer de un registro electrónico general de apoderamientos o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. 

En materia de archivos, se incorpora la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Los expedientes deberán ser conservados en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación del documento.

Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. De forma adicional, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados introduciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones.

2.    ESPECIALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El artículo 62 regula el inicio del procedimiento por denuncia, e incorpora en su apartado 4 el denominado procedimiento de clemencia al disponer que cuando el denunciante haya participado en la comisión de la infracción y existan otros infractores, se eximirá́ al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción pecuniaria (i) cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, (ii) siempre y cuando en el momento de aportarse dichos medios probatorios no se disponga de elementos suficientes para «ordenar» el procedimiento, y (iii) se repare el perjuicio causado. Por tanto, cabe entender que los elementos de prueba pueden aportarse para fundar el inicio de un procedimiento sancionador y, también, en el marco de un procedimiento ya iniciado, al objeto de constituir la base probatoria que acredite la comisión del tipo infractor.

3.    EN CUANTO A LOS PLAZOS.

Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

4.    PLURALIDAD DE RECURSOS.

Cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.




INTEGRANTES
INTEGRANTES


GREGORIO DELGADO DEL RÍO


Es Doctor en Derecho civil y canónico por la Universidad de Navarra. Ha sido Profesor Ordinario en la Universidad de Navarra, Profesor Agregado en la Universidad de Extremadura,  Catedrático de Derecho eclesiástico en la Universidad de Valencia y de las Islas Baleares. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares desde 1986, además de Abogado rotal.


Por su condición universitaria ha participado en múltiples conferencias, mesas redondas, congresos nacionales e internacionales, cursos especializados, actos académicos diversos en las distintas Universidades españolas. Asimismo es colaborador habitual en la prensa local (Ultima Hora, Ciutat.es) y nacional (Religión Digital.es).


Ha colaborado con múltiples aportaciones científicas, expuestas  en revistas nacionales e internacionales. Asimismo es autor de diferentes monografías relativas al Derecho canónico. Pero, sobre todo, se han de destacar las monografías relacionadas con temas estrictamente civiles, a saber: Error y matrimonio canónico, Pamplona 1975, 328 págs.; El matrimonio en forma religiosa, Palma de Mallorca 1988, 205 págs.; El proceso de nulidad de matrimonio, Barcelona 2001,  198 págs.; ¿El divorcio católico? Un sitio a la verdad, Palma de Mallorca 1998, 372 pág.; Otro matrimonio es posible, Palma de Mallorca 2005, 245 págs.; Desde lo femeninamente in/correcto, Madrid 2012, 352 págs.; y La custodia de los hijos. La guarda compartida: opción preferente,  Civitas/Thomson Reuters, Pamplona 2010, 391 págs.


Las materias de su atención preferente han sido, como se aprecia por sus publicaciones,  todas las relativas al Derecho de familia en sentido amplio, incluyendo también la declaración de nulidad del matrimonio canónico por su condición de abogado rotal.



OMAR DELGADO GARRIDO


Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su especialización, durante todo un curso, en Derecho privado en la Universidad Pantheón-Sorbonne de ParisI y en Derecho mercantil mediante cursos de postgraduado impartidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.


Ha trabajado y realizado prácticas jurídicas, durante dos años, en diferentes despachos de Madrid. Desde 2008, es miembro ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, habiéndose incorporado de pleno  al Bufete Delgado y Asociados.


Su práctica profesional se orienta, sobre todo, a las materias relativas a Contratos civiles y mercantiles, Defectos en la construcción, Responsabilidad por daños, Seguros de todo tipo, Sociedadesmercantiles.

 


JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ SALAS


Es Diplomado en Relaciones Laborales (1996) por la Universidad de las Islas Baleares. Ha completado su formación en la materia a través de diferentes cursos impartidos por la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB) y por la Cámara de Comercio de las Baleares. Ello le ha permitido adquirir una excelente especialización en gestión de nóminas, gestión contable y fiscalidad de la empresa.


Es miembro en ejercicio del Ilustre Colegio Oficial de Graduados sociales de las Islas Baleares desde octubre de 2005. En la actualidad mantiene una colaboración externa (asociación permanente) con Delgado y Asociados en todo lo relacionado con el ámbito material de su especialización.


Su práctica profesional se orienta, sobre todo, a la Asesoría laboral y de la Seguridad social, a la creación de empresas, a la gestión de recursos humanos, contratación, nóminas y cotizaciones, prevención de riesgos laborales, gestión contable, analítica y financiera.